Hermosillo, Son. 26 de noviembre de 2015.- En un acto de justicia social, el Pleno del Congreso acordó enviar un exhorto a diversas autoridades federales para que se lleve a cabo una investigación fiscal que permita conocer el destino del recurso que Estados Unidos depositó a México por concepto del fondo de ahorro para braceros y se logre definir un monto para indemnización justa y meritoria, en sesión en la que aprobó la Ley que declara el 29 de noviembre como Día Estatal del Jornalero Agrícola.
Y en la misma tónica de legislar con énfasis en la materia social, los integrantes de la LXI Legislatura aprobaron el proyecto de Decreto presentado por el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, que reforma la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, con el objeto de establecer los instrumentos necesarios para constituir un sistema de información en la materia de prevención y combate a la discriminación.
El Acuerdo a favor de los ex braceros fue firmado por los 33 diputados que integran esta Legislatura y está dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Gobernación. Le dio lectura la diputada Teresa María Olivares Ochoa.
Conforme al convenio firmado y vigente de 1942 a 1967 con el vecino país del Norte, los patrones descontarían el 10 por ciento del pago a los braceros para entregarlo al gobierno americano, quien a su vez lo entregaría al gobierno mexicano para constituir un fondo de ahorro que se entregaría a cada bracero al concluir su periodo de trabajo, con el propósito de darles seguridad social y económica a su regreso al país.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el proceso de entrega de dichos recursos a estos trabajadores del campo y sus familias no ha concluido, y debido a los años transcurridos nadie puede decir a ciencia cierta cuántos de esos recursos se han entregado o cuál ha sido el destino de los mismos, por lo que se hace necesaria una investigación fiscal que aclare esta situación, expuso Olivares Ochoa.
Agregó que, independientemente de las investigaciones que se lleven a cabo, es materia de la más elemental justicia social que se defina una indemnización justa y meritoria a todos los braceros sobrevivientes y a las familias de los que ya fallecieron, debiendo proveer de los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016.
El Acuerdo se aprobó por unanimidad, mismo sentido que se le dio al Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, como lo es
una nueva fracción XXXVIII, que establece que “no se podrá negar o limitar el otorgamiento de intérpretes en lengua de señas mexicanas a personas con sordera o con alguna discapacidad auditiva, que impida su derecho a educación”.
“Como podemos observar, México y en particular Sonora, donde nos caracterizamos por nuestra solidaridad y empatía en causas sociales, que traen esperanza y trabajan para tener un tejido social fuerte e incluyente, no puede ser ajeno a este ánimo subsidiario y transformador que recorre nuestra patria”, expresó el diputado Serrato Castell.
Además agrega un capítulo cuarto, relativo a las atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, para lo cual integrará una base de datos sobre las quejas y/o denuncias presentadas por los ciudadanos y grupos sociales, que deberá incluir a detalle las acciones que lleve cabo cada institución pública, así como el seguimiento y los resultados obtenidos.
Con la aportación de esta reforma se puede garantizar, con indicadores reales de información y una mejora continua, para la evaluación de la labor de la Comisión Estatal en el combate a la discriminación y la exclusión, que conduzca a las instituciones públicas a emprender las acciones preventivas o correctivas para mejorar su desempeño en la materia, sostuvo.
La diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu presentó el proyecto de Ley que declara el 29 de noviembre como Día Estatal del Jornalero Agrícola, en cuya exposición destacó la importancia de que la sociedad y los tres niveles de gobierno, reflexionen sobre la labor que realizan los hombres y mujeres del campo y dediquen un día al año para reconocer su trabajo, a través de la implementación de programas y acciones de gobierno en beneficio de este sector.
“Decretar el 29 de noviembre como Día del Jornalero Agrícola es un reconocimiento a los hombres del campo que aún viven, pero también es un homenaje para aquellos que, aún y cuando ya no se encuentran entre nosotros, como mi padre, desde donde se encuentren sabrán que en Sonora les decimos: no los olvidamos y lucharemos porque su trabajo sea cada vez más digno y respetado”, aseveró.
Iniciativas y decretos
La Presidencia turnó a las comisiones de Energía y Medio Ambiente, y de Justicia y Derechos Humanos, la iniciativa presentada por el diputado David Homero Palafox Celaya, con proyecto de decreto que deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sonora y del Código Penal para el Estado de Sonora.
El legislador explicó que se busca eliminar de la legislación en la materia, las disposiciones que penalizan el maltrato animal
