Hermosillo, Son. 21 de junio de 2016.- La Ley para fomentar la donación de artículos de primera necesidad en el Estado de Sonora, y el Decreto que deroga del Código Penal los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, al haberse expedido leyes generales en la materia por parte del Congreso de la Unión, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones de dictamen, iniciativas con proyectos de ley para la prevención y atención integral a personas con ludopatía del Estado de Sonora, y de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Sonora.
La nueva legislación aprobada por esta Soberanía tiene por objeto fomentar las acciones altruistas tendientes a satisfacer las necesidades básicas de individuos en situación de pobreza, así como establecer las bases de colaboración entre los sectores público, social y privado.
La diputada Lisette López Godínez, quien propuso esta iniciativa el pasado 17 de marzo, dio lectura al dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública, en el que se mencionan una serie de retos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, todos encaminados a realizar acciones para contrarrestar los efectos de la población que vive en la marginación y la desigualdad.
El dictamen establece que sin embargo no puede dejarse la solución de la pobreza sólo en manos del Ejecutivo, sino que se requiere de una participación activa de todos los sectores de la sociedad, para que a través de acciones conjuntas, se logre una mayor eficacia en los objetivos trazados a nivel constitucional, en cuanto al desarrollo del país y la distribución de la riqueza.
La Ley constituye esa suma de esfuerzos que se requiere para lograr el bienestar de las personas que actualmente viven en situación extrema, lográndose así una participación integral entre gobierno y sociedad, leyó la legisladora, además de contemplar los elementos necesarios para lograr que haya una mayor participación altruista por parte de la sociedad.
Contempla una distribución de competencias entre diversas dependencias del Ejecutivo estatal, las cuales coadyuvarán a fomentar la donación altruista de artículos de primera necesidad, y por otra parte, se establecen disposiciones que regulan todo el proceso de donación, esto es, desde que el donante entrega a las organizaciones encargadas de dar asistencia social los artículos de primera necesidad, hasta llegar directamente a las manos de los beneficiarios.
La comisión dictaminadora consideró necesario realizar algunas adecuaciones y precisiones al proyecto original presentado por la diputada López Godínez, a fin de enriquecerlo y hacerlo congruente con otras legislaciones.
Se modificó el concepto de organizaciones toda vez que las asociaciones civiles ya están incluidas dentro del concepto de las instituciones de asistencia privada; se cambió el registro estatal del programa de donación de artículos de primera necesidad a registro estatal de organizaciones de asistencia; se eliminó el
término sanidad, dado que es empleado como sinónimo de salubridad alimentaria.
Dentro del capítulo de las autoridades responsables se incluyó un artículo para establecer que la titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, el DIF y la Secretaría de Salud, se encargarán de la aplicación de la Ley, además de que se eliminó como requisito para inscribirse en el registro estatal, gozar de buena reputación y honorabilidad, entre otras cuestiones del proyecto que se modificaron.
La Ley para fomentar la donación altruista de artículos de primera necesidad se aprobó por unanimidad, lo mismo que el Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, al que dio lectura el diputado Jorge Luis Márquez Cázares, autor de la iniciativa.
Expuso ante el Pleno que, con motivo de las últimas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materias como la penal, transparencia, educación, entre otras, las legislaturas de las entidades federativas se han visto en la necesidad de adecuar su marco jurídico local, a efecto de que el mismo sea congruente con las bases que dicta la Carta Magna y así evitar contrariarla.
Al haber regulado el Congreso de la Unión los delitos de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, como materias que le son exclusivas para legislar, agregó, es necesario que este Poder Legislativo reforme y derogue diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de desaparecer las figuras penales antes aludidas y, de esa manera, lograr una armonización entre lo que dispone la Constitución Federal y el Código Penal sustantivo.
Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideraron que las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008 y el 4 de mayo de 2009, en las cuales se establece que el Congreso de la Unión tendrá la facultad exclusiva de legislar en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, impactan directamente a varios preceptos del Código Penal, que regulan los delitos aludidos.
Posterior a la aprobación del Decreto que deroga los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas del Código punitivo local, la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda solicitó la palabra para asegurar que coadyuvarán con la Federación para que ningún tipo de secuestro vuelva a suceder ni quede impune en Sonora.
“Consciente de la responsabilidad que representa legislar para la vida de Sonora, ante propuestas como estas que nos conducen a la reflexión sobre la necesidad de adecuar en tiempo y forma el marco jurídico del Estado, conviene señalar que la legislación federal en materia de delitos relacionados a la delincuencia organizada, la trata de personas y el secuestro, nos obliga a los integrantes de esta Legislatura a tomar cartas en el asunto”, expresó.
Es indispensable que en esta materia, que tiene que ver con la difícil situación que vive el
país en este momento y que implica temas tan delicados como los que son objeto del Decreto, dijo, la discusión y el análisis de los legisladores son indispensables, ya que este tema demanda una respuesta pronta, sensible, madura y definitiva.
“La recomposición del tejido social es una cuestión de responsabilidades; hagamos cada quien lo que nos toca”, aseveró Díaz Brown Ojeda.
Iniciativas a comisiones
Durante el desarrollo de la sesión, la Presidencia turnó a las comisiones de Salud y Especial contra las Adicciones, una iniciativa presentada por la diputada Rosario Carolina Lara Moreno, con proyecto de ley para la prevención y atención integral a personas con ludopatía del Estado de Sonora.
Sostuvo que el propósito es que el Gobierno del Estado y particularmente los ayuntamientos que avalan la instalación de casinos, prevengan y atiendan los efectos que producen estos establecimientos en la adicción al juego patológico que deriva en conductas ludópatas.
“En el Estado de Sonora contamos con 37 casinos legalmente establecidos, no obstante aún no contamos con cifras oficiales respecto a esta adicción, pero se estima que la ludopatía afecta al tres por ciento del total de la población de la entidad, porcentaje que continúa en aumento”, exteriorizó.
Y a la Comisión de Salud se envió la iniciativa presentada por el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para la prevención y detección oportuna de enfermedades renales pediátricas.
Afirmó que en Sonora, según un estudio realizado por el Hospital Infantil del Estado de Sonora, entre 2003 y 2014 egresaron del servicio de Medicina Interna 5 mil 39 niños, de los cuales mil 65 fueron por enfermedades renales, lo que representa que por cada diez egresos de alguna enfermedad, tres lo fueron por dicho padecimiento.
“Esta iniciativa surge de la sociedad civil, en particular del Club Rotario de Nogales, que en su amplia labor social apoya a familias con niños con enfermedades renales, detectando en su experiencia que los daños irreversibles en la calidad de vida de los niños se pudo haber evitado”, expresó.
Como penúltimo punto del orden del día, el diputado Juan José Lam Angulo presentó un posicionamiento con relación a los trabajos de consulta en materia indígena, los cuales, indicó, se llevaron a cabo en diversos municipios y concluyeron con el Congreso Estatal Indígena, celebrado los días 15 y 16 de junio del presente.
Agradeció a los que participaron, como las instituciones públicas, autoridades tradicionales étnicas, ayuntamientos, Gobierno del Estado, Gobierno Federal, El Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, medios de comunicación, ciudadanía en general, autoridades administrativas, Dirección General Jurídica y Dirección General de Comunicación Social, ambas del Congreso del Estado, y a los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta LXI Legislatura.
La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 23 de junio, a las 10:00 horas.