Hermosillo, Son. 2 de marzo de 2017.- La emisión de la alerta de violencia de género en el Estado solicitará la LXI Legislatura a la Secretaría de Gobernación, por considerar que es urgente prevenir, atender, sancionar y erradicar conductas estereotipadas que fomentan la violencia, además de pronunciarse a favor de que el Ejecutivo estatal elimine el cobro por revalidación de placas para este ejercicio, por ser una medida de racionalidad para apoyar la economía de los sonorenses.
En esta primera sesión del mes de marzo, el Pleno también aprobó tres acuerdos más dirigidos a la titular del Poder Ejecutivo estatal: en materia de infraestructura hospitalaria; para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las carreteras estatales; y para que se instale una mesa de diálogo con relación al servicio profesional docente.
A nombre de los 33 integrantes de esta Soberanía, la diputada Angélica María Payán García dio lectura a la iniciativa con punto de Acuerdo por medio del cual se resuelve exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que lleve a cabo las acciones que sean necesarias, con el objeto de que analice la posibilidad de la emisión de la alerta de violencia de género en el Estado.
El exhorto es extensivo al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que, con fundamento en lo establecido en la fracción III del Artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solicite a las autoridades correspondientes la emisión de la alerta de violencia de género en la entidad.
La creación de la alerta de género propicia que los gobiernos federal, estatal y municipal ejecuten un trabajo conjunto para consolidar los programas especiales y acciones del Gobierno Federal para el combate a la violencia de género, lo que representa una oportunidad para reencauzar los canales de comunicación y coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades estatales, en los tres ejes de trabajo: prevención, seguridad y acceso de las mujeres a la justicia, indicó.
La legisladora agregó que el Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que corresponderá al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificar la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.
Enseguida se aprobó el Acuerdo que resuelve exhortar a la titular del Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Hacienda, analice la viabilidad de eliminar el cobro por la revalidación de placas para este ejercicio fiscal 2017, como una medida de racionalidad para apoyar la economía de los sonorenses.
El Acuerdo, al que dio lectura el diputado José Ángel Rochín López, está signado por los 33 integrantes del Poder Legislativo, quienes consideraron se analice la viabilidad de la propuesta, por ser una medida que apoya la economía de los sonorenses, y se manifiestan en disposición de colaborar en mesas de trabajo con el Ejecutivo y encontrar una solución a la problemática señalada.
“Esta propuesta constituirá un apoyo al ingreso de las familias sonorenses y contribuirá al desarrollo económico de la entidad, atenuando los efectos negativos del contexto nacional que se está viviendo por el impacto económico y social que ha tenido el paquete económico a nivel federal para este año en todo el país”, establece la exposición de motivos.
El mismo agrega que el costo de la gasolina ha provocado una escalada de aumentos en los productos y servicios de los mexicanos y, en el caso particular, encarecido la vida de los sonorenses, aunado a otro factor que ha afectado a la economía local, como son las políticas económicas que desea implementar el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, por ser Sonora una entidad federativa fronteriza, así como la relación comercial con dicho país.
De aprobarse esta medida, el Estado dejaría de percibir recursos por este concepto, establece, pero no implicaría erogación alguna, y la cantidad que se recaude quedaría en el bolsillo de los sonorenses, que en gran parte requieren hacer uso de vehículos para transportarse a sus centros de trabajo, para movilizarse a la prestación de un servicio o para trasladar bienes para consumo interno y exportación.
Exhortos al Ejecutivo estatal
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la asamblea aprobó por unanimidad el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, para que continúe la realización de acciones de gobierno en materia de fortalecimiento a la infraestructura hospitalaria y, consecuentemente, se ofrezca a los sonorenses una mejor calidad en la atención de su salud.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Rafael Buelna Clark dio lectura a la iniciativa, en la que hizo referencia a la reciente modernización del Hospital General de Nogales, la cual tendrá un impacto positivo, no sólo en la población de dicho municipio, sino también en las familias que habitan en la región aledaña, que ahora tienen un centro hospitalario con capacidad para brindar un mejor servicio que se traducirá en mejores expectativas de vida, dijo.
“En ese sentido queremos hacer público nuestro reconocimiento a la Gobernadora, por no escatimar a la hora de asignar recursos a favor de la salud de los sonorenses, en esta ocasión para llevar a cabo la remodelación y ampliación del Hospital en comento, porque no debemos olvidar que la salud es un tema que compete a todos los sectores y todos los niveles de gobierno”, aseveró.
Posteriormente la diputada Lina Acosta Cid dio lectura a su iniciativa con punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de la Junta Local de Caminos, para que, en ejercicio de sus atribuciones destinen los recursos necesarios para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras estatales que comunican a las comunidades pertenecientes al municipio de San Luis Río Colorado.
Expuso que habitantes del referido municipio le han manifestado su preocupación y solicitado su intervención
ante las dependencias de gobierno para buscar una solución a estas necesidades que consideran afectan la calidad de vida de quienes viven en esa región.
San Luis Río Colorado cuenta con 15 comunidades rurales, donde viven 27 mil 565 habitantes aproximadamente, en las que existen malas condiciones de los caminos que unen a las diferentes comunidades con el casco urbano, sostuvo, por lo cual se une al clamor ciudadano en beneficio de quienes viven en estas condiciones.
El Acuerdo se aprobó por unanimidad, al igual que otro que resuelve exhortar a los titulares del Ejecutivo Federal y estatal, para que en el ejercicio de sus atribuciones competenciales, realicen las acciones pertinentes a fin de que las secretarías de Educación Pública, y de Educación y Cultura, instalen una mesa de diálogo para analizar la situación jurídica de los trabajadores de la educación sujetos al Servicio Profesional Docente.
A nombre de los integrantes de la LXI Legislatura, la diputada Teresa María Olivares Ochoa informó que se trata de docentes que por alguna circunstancia no realizaron su evaluación en los plazos marcados, de manera que se busca que se analice cada caso en particular, la viabilidad de su cumplimiento y posible reinstalación, sin que para ello se comprometa la calidad educativa en el Estado, salvaguardando sus derechos constitucionales.
Los 33 diputados firman el exhorto, en el que destaca que las autoridades educativas del Estado y de la Federación pueden llegar a una solución con las y los docentes que han sido cesados o se encuentran en proceso a causa de la evaluación, sin que para ello se pierda el espíritu de la reforma educativa, de garantizar a las niñas, niños y jóvenes, una educación de calidad, con equidad y pleno respeto a los derechos constitucionales de los docentes.
En esta sesión, la Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa presentada por el diputado David Homero Palafox Celaya, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 30 Bis-E al Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de que las casas de empeño, yunques y empresas que compran metales o productos que son canjeables por dinero, exijan a sus clientes acreditar la legítima procedencia de los artículos que reciben.
Agregó que su iniciativa responde al hartazgo de los sonorenses debido a que, de acuerdo a datos del INEGI, entre los tres delitos más denunciados en Sonora durante 2015, destacan el robo en sus distintas modalidades, como robo total o parcial de vehículos; robo en casa habitación, robo o asalto en la calle o en transporte público.
Y como penúltimo punto del orden del día, la diputada Célida Teresa López Cárdenas presentó un posicionamiento con relación al escrito presentado por los integrantes del movimiento “No al Gasolinazo-Puerto Peñasco”.
La presidenta del Congreso del Estado, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, informó que, en atención a los movimientos tanto de dicho municipio, como de Hermosillo y Cajeme, la mesa directiva será quien dé puntual respuesta a sus solicitudes.
El Pleno sesionará de nuevo el martes 7 de marzo, a las 11:00 horas.