Hermosillo, Son., 26 de septiembre de 2017.- Una acción que viene a reforzar la protección de uno de los sectores más vulnerables, como es el de los adultos mayores, y que representa la mejor inversión de carácter social, mediante el otorgamiento de un apoyo económico a las abuelas y los abuelos que presten cuidados a sus nietos hasta los seis años de edad o que estén afectados por alguna discapacidad, aprobó el Pleno del Congreso.
Este Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, beneficiará a aquellos abuelos que cuidan a sus nietos mientras sus padres se encuentran ausentes por motivo de sus actividades laborales.
La diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, impulsora de esta iniciativa, planteó ante el Pleno que como corresponsables de la estabilidad social, les resulta imperativo fomentar acciones que refuercen la protección de este sector vulnerable, y se cumpla con un objetivo principal: valorar el gran esfuerzo y dedicación que a diario realizan los abuelos dentro del seno de las familias, contribuyendo al sostén y al desarrollo económico familiar.
“El ya de por sí importante papel que desempeñan las y los abuelos cuidadores cobra mayor relevancia ante las escasas opciones que existen para cubrir la demanda de servicios de cuidado infantil, tanto en el sector público como en el privado”, expresó.
Además de las dificultades que deben sortearse para poder pagar y acceder a esa escasa oferta existente, lo que obliga a muchas madres y padres de familia a dejar a sus hijos prácticamente en el abandono, ante la necesidad de salir a trabajar, dijo, de ahí la importancia de generar apoyos para los adultos mayores que ayudan en el cuidado de sus nietos.
El Decreto establece que las y los abuelos recibirán el apoyo económico cuando, por razones laborales de sus hijos, cuiden a sus nietos de hasta seis años de edad, que abarca las etapas de lactancia, guardería, preescolar y primer año de primaria, por ser en las que mayores cuidados y atención necesitan los menores o nietos de cualquier edad cuando sufran discapacidad.
En el desarrollo de la sesión
ordinaria, el Pleno aprobó por mayoría el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, el cual resuelve ratificar el nombramiento de los ciudadanos Rosa María Lugo Moroyoqui y Martín Campoy Ibarra, como auditores adjuntos de fiscalización al Estado y a los municipios, respectivamente, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF. Ambos ciudadanos rindieron la protesta de Ley durante la plenaria.
También fue aprobado el Acuerdo para exhortar a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Transporte del Estado de Sonora, para que dentro del ámbito de sus competencias realicen las gestiones que sean necesarias a efecto de concientizar a usuarios y conductores de los servicios de taxi, cualquiera que sea su modalidad, para la detección y prevención de los actos de violencia en este tipo de servicio público y privado.
Y a su vez, para que se tomen las medidas suficientes y necesarias para que mediante el uso de las nuevas tecnologías que permiten su funcionamiento, se contemple la posibilidad de contar con herramientas como el botón de pánico y de poder compartir con mayor facilidad la ruta de su viaje con familiares, amigos y personas de confianza, que permitan conocer la ubicación de usuarios y conductores, hasta el arribo al destino contratado, propuso el diputado Moisés Gómez Reyna.
Un segundo Acuerdo aprobó la asamblea, éste para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, verifique que en el ejercicio de los recursos del Fondo Minero entregado a los municipios del Estado, se garantice la realización de obras para el suministro de agua potable en sus respectivas zonas rurales.
El diputado Rodrigo Acuña Arredondo presentó la iniciativa con exhorto que también está dirigida al titular de la Comisión Nacional del Agua y al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua en Sonora, para que realicen los estudios técnicos que se requieran para determinar la viabilidad de la realización de un proyecto de rehabilitación y modernización de los equipos electromecánicos que proveen de agua potable a las
