Hermosillo, Son., octubre 25 de 2017.- Los principales resultados de la Secretaría de Seguridad Pública durante el segundo año de gobierno expuso ante diputados su titular, Adolfo García Morales, quien destacó la disminución en delitos como el robo a vivienda, el robo a vehículo, el robo a negocio, el secuestro y la extorsión en comparación con los índices tanto en la región Noroeste como a nivel nacional.
Como parte del análisis del segundo informe de gobierno, el funcionario estatal compareció ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, que preside el diputado Javier Dagnino Escobosa, ante quienes habló de la visión a futuro de la dependencia a su cargo, y también felicitó al Poder Legislativo por darles herramientas a las instituciones de seguridad.
“Me encantaría que al programa Escudo Ciudadano todos nos sumáramos a él; lograr la participación social en este programa y en la medida que disminuyamos los factores de riesgo, automáticamente va a disminuir la incidencia”, aseveró.
El Secretario de Seguridad Pública solicitó el apoyo de los diputados para que en el análisis del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 se etiqueten recursos a las dependencias, no a la SSP, aclaró, de manera que del dinero que reciban destinen un 20 por ciento para prevención y que se aplique en las colonias focalizadas.
Adolfo García Morales, quien al inicio de su comparecencia dio a conocer que al tercer trimestre de 2017, el Estado de Sonora se encuentra entre los de menos incidencia de acuerdo al Semáforo Delictivo, ya que se le ubica en color verde lo que representa de cero a un semáforo, informó que los delitos de robo a vivienda, a vehículo y a negocio, disminuyeron entre enero de 2016 a septiembre de 2017, 74.24, 2.08 y 2.41 por ciento, respectivamente.
En las mismas fechas, indicó, el robo a vivienda aumentó 2.91 por ciento a nivel nacional; a vehículo, 16.27 por ciento y a negocio, 34.61 por ciento, en tanto en la región Noroeste las cifras fueron de 18.64 por ciento, 29.04 por ciento y 35.4 por ciento, respectivamente. En Sonora el secuestro y la extorsión disminuyeron 80 y 78.4 por ciento, respectivamente.
Como parte de las acciones en el último año de gobierno, el funcionario estatal expuso que se localizaron 110 colonias en doce municipios que representan el 87.70 por ciento de donde emerge la delincuencia, de ahí la necesidad de implementar el programa Escudo Ciudadano, y reconoció que el entorno regional no favorece al Estado (región Noroeste), ya que en 2014 Sonora se ubicaba en el lugar número doce en cuanto a homicidios dolosos y a la fecha se encuentra en el lugar catorce.
García Morales también habló de la implementación del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, el cual ha atendido 8 mil 711 casos y en esta labor colaboran cinco médicos urgenciólogos de la Secretaría de Salud; se creó la Unidad de Medidas Cautelares, la cual ha realizado 12 mil 925 análisis de riesgo, de los cuales se detectó que 3 mil 825 son de alto riesgo y 2 mil 876 han ido a prisión preventiva.
En la primera ronda de preguntas participaron los diputados Luis Gerardo Serrato Castell y Emeterio Ochoa Bazúa. Serrato le preguntó por qué la Ley que regula el uso de la fuerza pública no se ha implementado y sobre la frecuencia
de asaltos bancarios en el Estado, mientras Ochoa Bazúa quiso saber de qué manera la SSP trabaja en el municipio de Cajeme para el combate a hechos delictivos, en vista de la frecuencia de la comisión de homicidios, así como la coordinación de los tres niveles de gobierno.
El Secretario de Seguridad Pública dijo que en los próximos días presentará el programa que se tiene con relación a la aprobación de esa Ley por parte del Congreso del Estado, de manera que exista una disposición legal y medir el uso de fuerza, lo que consideró muy importante porque había un vacío de Ley; había reglamentos pero no tenían la coerción suficiente para poder aplicarla, indicó.
“Hay que meter en cintura a los bancos; yo no puedo meter un policía a los bancos porque es propiedad privada, y los robos en banco, lo vengo diciendo desde hace rato, se cometen adentro y los bancos deben tener seguridad. La única forma es obligarlos legalmente a que tengan seguridad porque ahí sí el ciudadano es el que sufre las consecuencias”, expresó.
En el caso de Cajeme señaló que el problema es que existen dos grupos rivales que se dedican a la delincuencia organizada y al narcomenudeo, pero recientemente llegó un tercer grupo. Los esfuerzos de la Policía Militar y de la Gendarmería rindieron frutos porque en dos meses disminuyeron un 80 por ciento los delitos, pero en septiembre y octubre del presente los índices se dispararon de nuevo, ya que las corporaciones federales fueron enviadas a otro lugar.
El titular de la SSP reconoció que es una situación que debe recomponerse y en la cual el Gobierno Federal debe hacer un mayor esfuerzo para parar el tráfico de armas, en virtud de que en el municipio de Cajeme los homicidios se han incrementado un 51 por ciento.
En la segunda ronda de preguntas participaron los diputados Lina Acosta Cid, Carlos Alberto León García y María Cristina Gutiérrez Mazón, quienes plantearon inquietudes sobre el aumento de 253 por ciento en el delito de violación en Hermosillo de enero a agosto de 2017; la capacitación de las corporaciones en el nuevo Sistema de Justicia Penal; la falta de confianza hacia la Policía que muestran los ciudadanos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ENVIPE; y las acciones necesarias para impulsar el fortalecimiento del programa Escudo Ciudadano.
García Morales reconoció que sí se incrementaron los delitos sexuales en la capital del Estado, lo que indica que si se hace un análisis es una cuestión cíclica que tiene sus etapas, para lo cual los programas de prevención deben de ser efectivos, pero aclaró que no son especialistas en violencia intrafamiliar y en atención a víctimas del delito, sino lo que hacen es coordinar esfuerzos entre las dependencias.
“La violencia intrafamiliar no la va a arreglar un policía, ni las adicciones, para eso es el Comité de Transversalidad; nosotros coordinamos los esfuerzos. Tenemos un análisis completo de las violaciones y el mayor factor de riesgo lo presentan los mismos padres de familia”, aseveró el funcionario estatal, quien invitó a los diputados a conocer dicho análisis.
Agregó que seguirán adelante con los cursos de capacitación a los elementos de Seguridad Pública, así como con la depuración en la PESP y en las policías municipales, y reconoció que no se va
