Hermosillo, Son., abril 11 de 2018.- Por ser el acceso a Internet no sólo un derecho constitucional, sino un derecho humano reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y en concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXI Legislatura aprobó hoy la Ley para garantizar el uso de Internet en edificios y lugares públicos.
Esta nueva legislación, que se fundamenta en una iniciativa del grupo parlamentario del PRI, tiene el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 6° de la Carta Magna, en el cual se impone la obligación al Estado mexicano, en este caso la Federación, a los estados y a los municipios, de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
El dictamen presentado por las comisiones de Educación y Cultura, y de Ciencia y Tecnología, establece que el 29 de junio de 2012, la Asamblea General de la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, exhortó a los estados a promover y facilitar el acceso a Internet y la cooperación internacional para el desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información en todos los países.
La Ley, que consta de 20 artículos y tres capítulos denominados: Disposiciones generales; Del organismo encargado de la prestación del servicio público de acceso a Internet; y Del aprovechamiento de la infraestructura pública, establece los mecanismos y lineamientos para la implementación de la prestación del servicio público de conexión a Internet proporcionado por el Estado, para que la población acceda a la información de la red en edificios y lugares públicos.
“Para los fines señalados en el Artículo 2 de esta Ley, el servicio público de conexión a Internet se prestará bajo los principios de la legalidad y será delimitado para evitar el mal uso y abuso del mismo, mediante el aprovechamiento de los recursos, inmuebles e instalaciones de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal”, establece el Artículo 3.
A la par de esta iniciativa, que se presentó al Pleno el 28 de febrero de 2017, el 26 de septiembre del mismo año, los mismos autores propusieron reformar la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para que quedara establecido entre las obligaciones de la Secretaría de Educación y Cultura, la de implementar un programa que incluya el acceso a Internet en todos los planteles de educación básica y media superior.
“Como podemos darnos cuenta, el propósito de los autores de ambas iniciativas es, con la primera propuesta, crear una Ley novedosa que garantice el respeto al derecho humano de acceso al Internet y, con la segunda, fortalecerla en un diverso ordenamiento (Ley de Educación) y reafirmar el enfoque que debe darse al acceso a Internet, de garantizar, primordialmente, el derecho humano a la educación”, establece uno de los considerandos del Decreto aprobado hoy.
Aprueban tres acuerdos
En el desarrollo de esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó tres iniciativas con punto de Acuerdo, la primera dirigida al titular de la Comisión Estatal del Agua y al titular del Organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua.
El resolutivo establece que, de manera coordinada, realicen las gestiones necesarias, junto con las autoridades municipales de Álamos, a efecto de que pongan en operación un programa emergente de suministro de agua potable para las familias de la cabecera municipal y de las comunidades rurales, a través de pipas, en virtud de la escasez que padecen y la cual se incrementa en la época de estiaje, expuso el diputado José María Gaxiola Rangel.
El segundo Acuerdo resuelve exhortar al Presidente de la República y a la Gobernadora del Estado, a efecto de que realicen las acciones que sean necesarias para fomentar la generación de empleos no agrícolas en los municipios rurales de la entidad, con el propósito de crear e incrementar las fuentes de ingresos de sus habitantes e impulsar el desarrollo integral del Estado.
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