Hermosillo, Son., agosto 5 de 2019.- Por considerar que a casi cinco años de la contingencia ambiental que afectó la región del Río Sonora aún no se resuelven los problemas de salud provocados por esta situación, la Diputación Permanente acordó enviar un exhorto a diversas autoridades federales y estatales, a efecto de extender la operatividad y mantenimiento de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora.
El exhorto está dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y de Salud, ambas de la Federación; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS; a la titular del Poder Ejecutivo estatal, a la Secretaría de Salud del Estado y a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COESPRISON.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó la iniciativa con punto de Acuerdo en conjunto con el diputado Francisco Javier Duarte Flores, a efecto de extender en el acuerdo de voluntades suscrito entre la COFEPRIS y la representación de la empresa minera Buenavista del Cobre, la operatividad y mantenimiento de la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora, hasta que se resuelvan totalmente los problemas de salud provocados por la contingencia ambiental que inició el 6 de agosto de 2014.
Después de realizar una relatoría de lo ocurrido con el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora hace cinco años, el legislador dijo que el ex titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, responsabilizó a Grupo México por esta contingencia y determinó que la minera tendría que resarcir los daños ambientales y de salud de la población.
Recordó que la PROFEPA, la SEMARNAT, la COFEPRIS y la CONAGUA, dieron un informe el 26 de agosto de 2014, en el que refirieron que, aunque la empresa argumentó que el percance lo ocasionaron las lluvias, reportes del Sistema Meteorológico Nacional demostraron que era falsa esta aseveración.
En el tema de la contingencia ambiental, el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, presentó el posicionamiento: “el peor desastre ecológico relacionado con la minería en la historia del país: el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi provocado por la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México”.
“El problema con Grupo México, además del daño ecológico que su responsabilidad ocasiona, es la falta de seguimiento por parte de las autoridades a los problemas competentes, como Pasta de Conchos, el Río Sonora y el Río Bacanuchi; en esos casos no ha habido el seguimiento adecuado y se presupone impunidad al respecto”, aseveró.
Rivera Aguilar recordó que recientemente ocurrió un derrame de 3 mil metros cúbicos en el Mar de Cortés, que aunque luego de la evaluación que emitió la PROFEPA y la denuncia de 50 irregularidades en la empresa minera Buenavista del Cobre, Grupo México pagó una multa de 23 millones de pesos y conformó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones en la zona, a nivel ambiental y social, tales multas y compensaciones no impactan al ser la cuarta empresa en capital en la Bolsa Mexicana de Valores.
“Con la Ley de Responsabilidad Ambiental se busca establecer responsabilidades directas a quienes causen daños al ambiente, exigiendo reparación y compensación de dichos daños cuando sea pertinente, a través de los procesos jurisdiccionales locales y reconocer el derecho de acción judicial a quienes sean directamente afectados en su salud y en su patrimonio”, externó.
A favor de reforzar la actividad minera en Sonora, para lo cual como diputados pueden ser el conducto eficaz entre las instituciones y el sector minero, se pronunció la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, y que se revisen los protocolos y esquemas de seguridad.
Hacer equipo con los ciudadanos y ser gestores ante las instancias locales y nacionales para que la actividad minera se realice
dentro del marco normativo es otra de las acciones que propuso la legisladora.
Turnan iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, sus integrantes aprobaron un Acuerdo mediante el cual se aprueba la renuncia presentada por el ciudadano José Alfredo Cáñez Rodríguez, al cargo de Síndico Propietario del Ayuntamiento del municipio de Tubutama, Sonora.
El diputado Jesús Alonso Montes Piña dio cuenta del escrito mediante el cual la Presidenta Municipal y el Secretario del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, hacen del conocimiento del Poder Legislativo, que dicho órgano de gobierno ha calificado como procedente la renuncia presentada, la cual tiene efectos a partir de este lunes 5 de agosto.
El Acuerdo establece que deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Florencio Bracamontes Yuriar, síndico suplente, el contenido de la resolución a efecto de que rinda la protesta de Ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 157 de la Constitución Política local, y 25, 27 y 171 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Se comisionó a la diputada María Alicia Gaytán Sánchez para acudir a la toma de protesta en nombre y representación del Poder Legislativo.
En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Sonora, por parte de la diputada Yumiko Yerania Palomarez Herrera.
Se pretende finalizar con las restricciones y limitaciones a los derechos y prerrogativas que la Ley impone, en el ámbito del matrimonio, a la comunidad lésbico, gay y bisexual, lo que actualmente constituye una patente violación constitucional y convencional, además de que se trata de una iniciativa congruente con el derecho convencional, al sustentarse en los tratados internacionales celebrados y ratificados por México, así como en la Constitución Federal, expuso.
La legisladora mencionó lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Políticos Civiles y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que la prohibición de contraer matrimonio, impuesta a personas del mismo sexo, es inconstitucional debido a que esta exigencia atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo.
Han reconocido el derecho al matrimonio igualitario: Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Escocia, Australia, Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Inglaterra y Gales, y en México, las legislaturas de Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Jalisco, Colima, Chiapas, Puebla, Baja California y Nuevo León.
La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, mientras que a las comisiones Segunda de Hacienda y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, se envió la presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, con el objeto de que quienes contaminen por derrames en el territorio del Estado, paguen un impuesto.
Dio a conocer que una acción de este tipo ya se implementa en el Estado de Zacatecas, sin contraponerse a las multas y sanciones establecidas en las leyes correspondientes, y recordó lo sucedido en el Río Sonora y en el Mar de Cortés, con responsabilidad de Grupo México.
Agregó que, independientemente de los derrames tóxicos ocasionados por la empresa minera Grupo México, a diario esta y otras empresas contaminan en territorio sonorense, como en Cananea, dijo, donde a diario se contaminan el aire, suelo y subsuelo, lo que ocasiona afectación al ecosistema y