Hermosillo, Son., agosto 26 de 2019.- No incoar procedimiento de juicio político en contra de cinco regidores del Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, y de la persona que estuvo al frente, de manera provisional, del Ayuntamiento del municipio de Bácum, Sonora, acordaron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En el primero de los casos se trata de la dictaminación del escrito presentado por el ciudadano José Luis Hernández Rivera, con el que solicitó al Poder Legislativo iniciara procedimiento de juicio político en contra de los ciudadanos Atanasio Cervantes Barraza, Alma Angélica Aguirre Gómez, Víctor Manuel Rodríguez Hernández, Marco Efrén Rivera Cabrera y Mario Hernández Barreras, regidores del Ayuntamiento de H. Nogales, Sonora.
El segundo proyecto de dictamen se elaboró con base al escrito que el ciudadano Víctor Manuel Armenta Zavala presentó para solicitar se iniciara procedimiento de juicio político en contra del ciudadano Francisco Javier Villanueva Gaxiola.
“No está en manos de nosotros, del Congreso; ellos podrían, en dado caso, buscar otra arista para buscar una sanción para los regidores (de Nogales), si así lo consideran las autoridades competentes”, expresó el diputado Jesús
Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Reiteró que no había elementos suficientes para que la dictaminadora iniciara procedimiento de juicio político en contra de los cinco regidores, mientras que en el caso de Bácum, no pudieron encontrar elementos procedentes, toda vez que las pruebas que se les mostraron no correspondían al periodo en el que ejerció como Presidente Municipal el ciudadano Villanueva Gaxiola.
“Y luego nos vamos al mismo concepto: la autoridad competente, el ISAF o quien corresponda, no ha exhibido ningún daño al erario del Ayuntamiento de Bácum, Sonora, hasta este momento. En los dos casos, muy probablemente, fueron solicitudes adelantadas; debieron haber esperado a que las autoridades competentes les otorgaran los elementos de prueba”, aseveró el diputado Montes Piña.
Con esto lo que le dicen a la sociedad sonorense es que el Congreso del Estado no persigue a nadie y no va detrás de una cacería de brujas ni nada que se le parezca, sostuvo, ya que no se trata de buscar quién la pague, pues no van a obedecer a revanchismos o a caprichos que se generen por conflictos en el interior de los cabildos.
El Congreso del Estado tiene una obligación muy clara: implementar la
Ley, mejorarla, derogarla o adecuarla, más no es la intención perseguir a nadie, sin embargo, aclaró, quedan a salvo los derechos de los denunciantes para volver a presentar la solicitud que consideren, para lo cual tienen tiempo suficiente de allegarse con argumentos suficientes.
En esta reunión de trabajo, a la que asistieron los diputados Gricelda Lorena Soto Almada, Norberto Ortega Torres, María Magdalena Uribe Peña, Eduardo Urbina Lucero, Jorge Villaescusa Aguayo y María Dolores Del Río Sánchez, se aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado C al Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas.
Esta Constitución reconoce a las comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su auto denominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán, en lo conducente, los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social, establece.
La minuta con proyecto de Decreto fue remitida a esta Soberanía por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.