Hermosillo, Son., marzo 10 de 2020.- Por considerar que se contraviene lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, al depender de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Unidad de Medidas Cautelares volverá a formar parte de las funciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprobó el Pleno del Congreso.
De acuerdo al dictamen que en la sesión ordinaria presentó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 42, Sección III, el Decreto 249 que modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Ley de Seguridad Pública, para que la unidad dejara de depender de la Secretaría de Seguridad Pública y pasara a formar parte de la Fiscalía.
“Dicha función (de la Unidad de Medidas Cautelares) no puede quedar a cargo de la Fiscalía estatal, que por su misma función de Ministerio Público representante de las víctimas no le permite ser imparcial dentro del proceso penal, por lo que la iniciativa en comento propone regresar dichas funciones a la Secretaría mencionada”, establece uno de los considerandos.
El dictamen se elaboró con base a una iniciativa que el diputado Jesús Alonso Montes Piña presentó el 5 de noviembre de 2019 ante el Pleno del Congreso del Estado, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo, Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
La Unidad de Medidas Cautelares lleva a cabo la evaluación de riesgo del imputado, el seguimiento de las medidas y de la suspensión condicional del proceso, y debe regirse por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.
En el Decreto aprobado se deroga el Capítulo IV del Título Cuarto denominado: De la Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y los artículos 57 Bis, 57 Ter, 57 Quarter, 57 Quinquies, 57 Sexties, 57 Septies, 57 Octies, 57 Nonies, 57 Decies y 57 Undecies, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en los cuales se establecen su objeto, principios, obligaciones, integrantes, facultades y demás.
En la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora se cambia la denominación del Título Tercero: De la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para quedar en: De la Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada, que una vez sea publicado el Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, será una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Una de sus principales atribuciones será atender oportunamente las solicitudes de evaluación de riesgos procesales de la Fiscalía General de Justicia, de la Dirección General de la Defensoría Pública, abogados privados y/o el Juez, establece el Decreto que leyó el diputado Eduardo Urbina Lucero.
En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve emitir un atento exhorto a diversas autoridades federales y estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, decidan de una vez por todas resolver la situación que mantiene a la
vaquita marina al borde de la extinción, y eliminen con esto la amenaza de embargo a los productos pesqueros capturados legalmente en el Norte del Golfo de California.
El diputado Lázaro Espinoza Mendívil dirige el exhorto a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Marina, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de Bienestar, y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
También de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, todos del Gobierno Federal, y a los gobiernos estatales de Baja California y de Sonora.
Turna Presidencia iniciativas a comisiones
En el desarrollo de la sesión, la Presidencia turnó a las comisiones de Fomento Económico y Turismo, y de Asuntos Indígenas, una iniciativa presentada por la diputada Rosa María Mancha Ornelas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento al Turismo para el Estado de Sonora.
Expuso al Pleno que busca generar mecanismos e instancias competentes para la conservación, preservación y promoción de las culturas indígenas del Estado, así como su inclusión y participación en las actividades turísticas, para lo cual es necesario reconocer la existencia e importancia de los diferentes centros de promoción turística de los pueblos y comunidades indígenas: Tohono O´odham, Comca´ac, Yaquis y Mayos.
La Comisión de Seguridad Pública estudiará la iniciativa presentada por el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, para que se asignen al menos ocho agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes.
Destacó la importancia de la labor que llevan a cabo los representantes sociales, quienes ampliaron sus funciones al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal, por lo que el incremento de recurso humano permitirá contar con agencias del Ministerio Público especializadas en adolescentes, niños, delitos cibernéticos y para la atención de las mujeres.
La iniciativa recibió el respaldo de los diputados Raúl Castelo Montaño, Eduardo Urbina Lucero, Fermín Trujillo Fuentes y Luis Armando Alcalá Alcaraz, quienes la calificaron como positiva y en beneficio de lo que los sonorenses demandan.
Enseguida la diputada Alejandra López Noriega presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones del Estado de Sonora, a fin de otorgar atención integral a las personas con adicciones, enfocado en la prevención de niñas, niños y adolescentes, para que conozcan las consecuencias del uso y abuso de drogas.
La propuesta plantea la atención, a través de centros públicos de tratamiento y rehabilitación, para las familias vulnerables que se encuentran en situaciones de ese tipo, a efecto de que tengan un espacio digno, gratuito y accesible para recibir atención integral, e incluye la creación de un fideicomiso para la prevención, tratamiento, rehabilitación y control de adicciones. Se turnó a las comisiones Segunda de Hacienda y de