Hermosillo, Son., marzo 17 de 2020.- Apoyar e incentivar a las personas que realizan la actividad de proveeduría en el Estado de Sonora, con la finalidad de promover que dicha actividad sea tomada en cuenta, dándole prioridad a los proveedores de materiales y servicios locales sobre los foráneos, tiene por objeto la Ley de fomento y apoyo a la proveeduría para el Estado de Sonora aprobada hoy por el Pleno del Congreso.
La Comisión de Fomento Económico y Turismo dictaminó este proyecto con base a la iniciativa que el 19 de marzo de 2019 presentara ante la LXII Legislatura el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, bajo el considerando de potencializar el desarrollo de la actividad de proveeduría, expuso, con la obtención de todos los beneficios que implica para este sector productivo, así como para el desarrollo económico de la entidad.
“Estaríamos contribuyendo con una actividad comercial que requiere del apoyo gubernamental para su desarrollo en nuestro Estado y así cubrir las necesidades de materiales y servicios en los ámbitos comercial e industrial, sin demeritar los beneficios económicos que esto representa para la economía sonorense en su conjunto”, aseveró el legislador.
Para atender la demanda que el mercado local exige, el servicio de proveeduría al que se refiere la Ley amerita la atención y el impulso de las autoridades competentes, para lo cual es necesaria una reglamentación adecuada que permita impulsar, apoyar, pero sobre todo, priorizar el desarrollo de la proveeduría local sobre los proveedores foráneos, establece uno de los considerandos del dictamen.
La nueva Ley consta de 54 artículos, siete transitorios y siete títulos: Disposiciones Generales; Del Comité para el Desarrollo de Proveedores; De la Coordinación del Estado con el Comité para el Desarrollo de Proveedores; De la política estatal de fomento a la proveeduría; De los estímulos; Del fondo para el financiamiento al fomento y apoyo de la proveeduría; y Del Procedimiento administrativo y las sanciones.
En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó cuatro acuerdos, tres con exhortos y uno que resuelve: no se amerita la incoación del procedimiento de revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora, y se desechan de plano los escritos contenidos en los folios 2084 y 2110, correspondientes a esta LXII Legislatura, de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano propuso que este Poder Legislativo envíe un exhorto a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora y a las comisiones de dicha materia en los ayuntamientos de la entidad, para que den pleno cumplimiento a la Ley Estatal de Mejora Regulatoria y no se impida el desarrollo económico del Estado y sus municipios.
Agregó que para lograrlo debe cumplirse con los principios y bases de: mayores beneficios que costos para la sociedad; seguridad jurídica en derechos y obligaciones de los solicitantes; y el uso eficiente de las tecnologías de la información.
La diputada María Alicia Gaytán Sánchez presentó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder resuelve exhortar a los ayuntamientos de la entidad, a efecto de que, en el ejercicio de sus atribuciones, creen en sus municipios las secretarías, direcciones o las instancias correspondientes para fortalecer los mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género que busquen salvaguardar la integridad de las mujeres.
También para que diseñen políticas públicas orientadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en todas sus acciones, señaló.
El Acuerdo se aprobó por unanimidad, al igual que otro que resuelve, a solicitud de la petición realizada por el ciudadano Gustavo Acosta Gaxiola, contenida en el folio 2101-62, exhortar a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado y al titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora.
El resolutivo presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales establece solicitar a ambos funcionarios que, en el ámbito de sus atribuciones legales, informen a esta Soberanía sobre el estatus de la denuncia con número de caso SON/HER/PGE12018/503/00121, con la finalidad de brindar certeza a la ciudadanía de Navojoa, Sonora.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa presentada por la diputada Ernestina Castro Valenzuela, con el objeto de crear la unidad de igualdad de género al interior del Poder Judicial del Estado de Sonora y para lo cual propuso adicionar diversas disposiciones a su Ley Orgánica.
Dicha unidad tendría por objeto promover y gestionar al interior de
