Hermosillo, Son., octubre 19 de 2021.- En virtud de haber sido aprobadas por más de las dos terceras partes de los ayuntamientos de la entidad, por mayoría del Pleno se aprobó enviar a publicación las leyes números 2 y 3, que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
En esta sesión ordinaria, las ciudadanas Olga Haydeé Flores Velásquez, Elizabeth Araux Sánchez, Guadalupe Taddei Zavala, Martha Patricia Alonso Ramírez y Silvia Isabel Núñez Esquer, recibieron la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2021 en los ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural, respectivamente.
Todas ellas reconocieron los avances que se han logrado en materia de igualdad de género y que hoy en día ya no se trate solo de discursos y palabras, sino de hechos como el que esta LXIII Legislatura esté conformada por 19 mujeres, aunque todavía falta mucho por hacer para que más mujeres lleguen a puestos de decisión.
También fue aprobado el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve crear la Comisión Especial Río Sonora, con el objeto de que la LXIII Legislatura dé continuidad a la atención de la problemática derivada de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, originada por la mina Buenavista del Cobre en agosto de 2014.
La comisión quedó integrada por los diputados Fermín Trujillo Fuentes, presidente; Jorge Eugenio Russo Salido, María Jesús Castro Urquijo, Elia Sahara Sallard Hernández, Brenda Lizeth Córdova Búzani, Alma Manuela Higuera Esquer, Diana Karina Barreras Samaniego, Ernesto Roger Munro López y Paloma María Terán Villalobos, secretarios.
En el desarrollo de la sesión, en primer término fue presentado el Acuerdo de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora, con punto de Acuerdo mediante el cual esta Soberanía resuelve enviar para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en virtud de que ha sido aprobada por 53 ayuntamientos.
Aconchi, Agua prieta, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Benjamín Hill, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Granados, Huásabas, Huatabampo, Ímuris, Magdalena, Mazatán y Naco aprobaron la Ley.
Además de Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
La Ley número 2, aprobada por el Pleno el 9 de septiembre de 2021, contiene entre sus disposiciones la de generar una homologación al procedimiento establecido en la Constitución General de la República, en la que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de objetar el nombramiento para integrar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que actualmente el Ejecutivo estatal emite la convocatoria y selecciona a sus integrantes, para posteriormente someterlo a la aprobación del Legislativo.
También dispone restablecer la facultad de fincar indemnizaciones a los responsables para la recuperación de daños y perjuicios que afecten al erario, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno, y dota de mayor autonomía a las fiscalías Anticorrupción y en materia de Delitos
Electorales.
Prevé la eliminación de la sala especializada en materia anticorrupción y de responsabilidades administrativas perteneciente al Tribunal de Justicia Administrativa, por considerar que “su creación responde a una generación innecesaria de más burocracia superflua y redundante, dado que las entidades federativas no están obligadas a contar con una sala en la materia para la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción”.
La diputada Karina Teresita Zárate Félix dio lectura al Acuerdo de la mesa directiva mediante el cual se resuelve enviar a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 3 que reforma el Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en virtud de haber sido aprobada por 49 ayuntamientos de la entidad.
Estos son: Aconchi, Altar, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Granados, Huásabas, Huatabampo, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa y Nogales.
También los de Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora.
La Ley número 3 que reforma el Artículo 29 de la Constitución local establece que el ejercicio del Poder Legislativo se depositará en una asamblea de representantes del pueblo denominada Congreso del Estado de Sonora, el cual actuará como Parlamento Abierto y se regirá por los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información.
Presentan iniciativas y posicionamientos
En esta ordinaria fueron presentadas diversas iniciativas con proyecto de decreto que la Presidencia turnó a comisiones y reservó, en su caso, para cuando se integren las comisiones a las que correspondan.
El diputado Ricardo Lugo Moreno propuso reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, entre las que destacó que las órdenes de protección se dicten e implementen con base en los principios de protección; de necesidad y proporcionalidad; de confidencialidad; de oportunidad y eficacia; de accesibilidad; y de integralidad.
Planteó en su iniciativa adicionar que, en caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompañamiento a la mujer violentada será a cargo de personal de cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de la víctima. La iniciativa se reservó para cuando se integre la comisión a la que corresponda.
Enseguida la diputada Natalia Rivera Grijalva presentó a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 122 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, y los artículos 6 y 39 de la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Expuso que en esta emergencia sanitaria generada por la enfermedad COVID-19, el acceso a Internet debe considerarse fundamental, sobre todo en los niños y niñas de educación básica, en virtud del aislamiento y/o distanciamientos físicos aplicados como medidas restrictivas para evitar los contagios de esta enfermedad, lo que implica la necesidad de generar políticas públicas que permitan facilitar el acceso