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Aprueba Congreso nueva Ley para menores

Hermosillo, Son. 7 de septiembre de 2006. - La Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Sonora se aprobó por unanimidad la tarde de hoy, durante la sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

Esta nueva legislación tiene su origen en la obligación establecida en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se estableció que en el país habrá un sistema integral de justicia penal para adolescentes, para una mejor integración social de los mismos.

También se aprobó la integración del Concejo Municipal de Granados, el cual fungirá desde el 16 de septiembre y hasta en tanto tome posesión del cargo la planilla que obtenga el mayor número de votos en la elección extraordinaria; reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como un Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

En la sesión extraordinaria se eligió mesa directiva que estuvo integrada por los diputados Gustavo Bustamante Pérez, presidente; Guadalupe Gracia Benítez, vicepresidenta; María Carmela Estrella Valencia, primera secretaria; Patricia Patiño Fierro, segunda secretaria y Angélica Payán García, suplente.

La Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el proyecto de Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Sonora, a través del cual se sustituye el modelo tutelar de atención para menores infractores que existía, conocido como Cotume.

Con esta Ley se crea una jurisdicción especializada, a la cual se habrán de someter todos aquellos adolescentes a quienes se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, y en la que se respeten las garantías constitucionales y aquellos derechos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos por los tratados internacionales.

Se establecen los principios rectores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en los que destaca el de la protección integral, que reconoce como una categoría de los derechos humanos aquellos de los que son titulares los adolescentes.

Asimismo el principio de reincorporación familiar y social, derivado de la finalidad de la medida, que persigue fundamentalmente fines reeducativos a efecto de lograr que el adolescente comprenda la dimensión social y comunitaria de su actuar y logre su desarrollo personal, y su reinserción a la familia y a la sociedad.

Se establece en la Ley el principio de mínima intervención, el cual exige que la intervención del Estado para privar o limitar derechos a los adolescentes a través del sistema se limite al máximo posible; la justicia alternativa, mediante la cual se privilegian las soluciones alternas a que pueden acudir el adolescente y el ofendido o la víctima, en los casos que procedan, con el fin de evitar o hacer cesar el procedimiento judicial.

El sistema estará integrado por el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, la unidad de defensoría especializada en justicia para adolescentes, que dependerá de la Dirección General de la Defensoría de Oficio, entre otras autoridades.

En congruencia con lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé en la ley que sólo en casos de flagrancia y urgentes, tratándose de una conducta antisocial calificada como grave que se atribuya a un adolescente que tenga o sea mayor de catorce años, podrá ser detenido provisionalmente hasta por 48 horas.

La Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también presentó el dictamen con proyecto de decreto que convoca a una elección extraordinaria para elegir a los integrantes del Ayuntamiento del municipio de Granados para el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 15 de septiembre de 2009.

En virtud de la declaratoria de validez de la elección y la declaración de empate entre el Partido Acción Nacional y la Alianza PRI Sonora-PANAL en el Ayuntamiento del municipio de Granados, en las pasadas elecciones constitucionales, y en vista de la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, el Poder Legislativo se vio en la necesidad de emitir el siguiente Decreto:

Se designa un Concejo Municipal en Granados, Sonora, con el fin de que se haga cargo de las obligaciones del Ayuntamiento desde el 16 de septiembre y hasta el 1 de diciembre de 2006, fecha en que habrá de tomar protesta la planilla que resulte ganadora en las elecciones municipales extraordinarias.

Ante la imposibilidad material y jurídica de que se instale Ayuntamiento en dicho municipio, el Congreso del Estado convoca a elecciones municipales extraordinarias, las cuales se celebrarán el 12 de noviembre de 2006, con base a los principios y figuras jurídicas del Código Electoral para el Estado de Sonora.

El Concejo Municipal quedará integrado de la siguiente manera: presidente, Loreto Fimbres Martínez; síndico, Ernesto Trujillo Barceló; suplente, Dora Luz Fimbres Durazo; concejales propietarios, Alfonso Durazo Arvizu, Héctor Alfonso Durazo Durazo, José Vinicio Durazo Arvizu, María de la Luz Valdez Cruz y Olga León Duarte.

Concejales suplentes serán: María Auxiliadora Amavizca Durazo, Hilda Noriega Barceló, Mirta Moreno Robles, Gerardo Cruz Maldonado y Vidal Arvizu Durazo.

La misma comisión presentó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, las cuales tienen como fin adecuar su marco jurídico para incluir la creación de los juzgados de primera instancia especializados en justicia para adolescentes.


Éstos tendrán competencia exclusiva del conocimiento de los procedimientos seguidos a los adolescentes, en los que se les atribuya la comisión de conductas tipificadas como delitos por las leyes penales.

Asimismo la creación de tribunales unitarios regionales de Circuito, que tendrán como atribución específica la subsanación y resolución, en segunda instancia, de los recursos de apelación, denegada apelación, queja y revisión extraordinaria, interpuestos por los adolescentes contra sentencias, interlocutorias y autos emitidos por los juzgados especializados de referencia en los procedimientos instruidos a los propios adolescentes.

Establece que los tribunales se integrarán por funcionarios jurisdiccionales y auxiliares especializados en justicia para adolescentes y con conocimiento de la Ley sobre la materia, conforme a la reforma al Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la aprobación por parte del Congreso, de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

En la sesión de este día se aprobó la Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, para incluir entre las facultades del Congreso del Estado la posibilidad de aprobar partidas presupuestales multianuales.

Con esto se busca hacer frente a los compromisos del Gobierno del Estado derivados de la contratación de obras o servicios cuya ejecución rebase uno o más ejercicios fiscales, para lo cual el titular del Ejecutivo en el Estado deberá presentar, previamente al Congreso del Estado, la información técnica y financiera que corresponda a cada proyecto.

La afectación presupuestal multianual deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Poder Legislativo.

Cuando se dé la aprobación de recursos que pretendan aplicarse durante ejercicios fiscales que trasciendan el periodo constitucional de la administración en la que se pretendan aprobar, no podrán comprometerse más del 30% de los recursos aprobados para el capítulo de inversiones en infraestructura para el desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la decisión (900 millones actualmente).

Como último punto del Orden del Día se aprobó el punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que autoriza al Presidente de la mesa directiva a suscribir, a nombre del Poder Legislativo, un convenio marco de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación.

Además autoriza al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para que revise, audite y fiscalice la cuenta pública y los estados financieros de los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, respectivamente, de los organismos autónomos de carácter estatal.

Todos los asuntos fueron aprobados por unanimidad.

 
 
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